Por KARLA BAHM
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GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH) _ Mientras Donald Trump se prepara para iniciar su segundo mandato presidencial el próximo 20 de enero del 2025, comienzan a surgir detalles de las políticas que planea implementar para abordar la inmigración indocumentada. Según declaraciones de Kris Kobach, fiscal general de Kansas y asesor informal del equipo de transición de Trump, se avecinan acciones contundentes que podrían alterar profundamente la dinámica migratoria en Estados Unidos, encendiendo alarmas entre defensores de los derechos humanos y grupos proinmigrantes.

Kobach, conocido por su historial de trabajo en políticas restrictivas de inmigración, señaló en una entrevista con la agencia AP que Trump no tiene previsto realizar arrestos masivos de inmigrantes indocumentados en lugares sensibles, como escuelas, iglesias y hospitales. Esta política, que ha estado en vigor durante varias administraciones presidenciales, busca proteger los espacios considerados esenciales para la comunidad, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, Kobach subrayó que las deportaciones masivas sí formarán parte de la estrategia del nuevo gobierno, enfocándose principalmente en los adultos que viven sin documentación legal en el país.

Estrategia de “autodeportación”

Uno de los puntos clave de la política migratoria de Trump es lo que Kobach denomina "autodeportación". Según el fiscal, una fuerte aplicación de las leyes migratorias provocaría que muchos inmigrantes abandonen el país por cuenta propia, evitando así ser arrestados. Esta estrategia, explicó, no requiere la deportación directa de millones de personas, sino que un ambiente de estricta vigilancia migratoria puede generar un efecto disuasorio.

“Cuando hay un esfuerzo masivo de aplicación de la ley, mucha gente comienza a irse por su cuenta porque no quieren ser arrestados”, declaró Kobach. “Se van por voluntad propia, y eso amplifica significativamente el número de personas que dejan el país”.

Esta visión ha generado críticas de organizaciones defensoras de los inmigrantes, que la califican de inhumana y como una forma de hostigamiento. Para muchos expertos, este enfoque fomenta la inseguridad y el temor en las comunidades de inmigrantes, además de desestabilizar a las familias que tienen lazos profundos en el país, incluidos hijos nacidos en Estados Unidos.

Otra de las medidas que Kobach adelantó es el plan de Trump para cuestionar la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Según esta disposición, cualquier persona nacida en suelo estadounidense es automáticamente ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Trump ha prometido tomar medidas contra esta práctica, argumentando que fomenta la inmigración ilegal. Aunque los detalles específicos de la estrategia aún no se han anunciado, Kobach anticipó que cualquier acción en este sentido será objeto de intensos desafíos legales.

“Sea lo que sea que la administración de Trump haga, seguramente será litigado”, dijo Kobach. “Pero creo firmemente que el presidente tiene la intención de abordar este tema en su segundo mandato”.

El fin de la ciudadanía por nacimiento sería un cambio radical en las leyes de inmigración de Estados Unidos y afectaría a millones de niños nacidos en el país, dejándolos en un limbo legal. Grupos proinmigrantes y académicos señalan que esta medida no solo sería inconstitucional, sino que también podría dividir aún más a las familias inmigrantes y crear una nueva clase de personas sin patria.

Para implementar sus ambiciosos planes de deportación masiva, Trump necesitará la colaboración de las autoridades estatales y locales. Kobach explicó que una de las estrategias clave será utilizar una disposición de la ley federal que permite a las agencias de inmigración como ICE (Immigration and Customs Enforcement) formar acuerdos con departamentos de policía locales para capacitarlos y autorizarlos a realizar arrestos relacionados con inmigración.

Este enfoque, según Kobach, actuaría como un “multiplicador de fuerza” que permitiría al gobierno federal ampliar su capacidad de aplicación de la ley. Sin embargo, también ha generado preocupaciones sobre el impacto en la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden locales.

“Las agencias estatales y locales pueden proporcionar una red diaria de vigilancia que amplifica los esfuerzos federales”, dijo Kobach. “Es imposible que un programa de deportación masiva tenga éxito sin esta colaboración”.

Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación de que esta política podría fomentar la discriminación racial y el perfilamiento, además de disuadir a los inmigrantes indocumentados de buscar ayuda policial cuando son víctimas o testigos de crímenes.

Otra pieza fundamental del plan de Trump será aumentar la capacidad de detención de inmigrantes. Durante la administración de Joe Biden, se redujo significativamente el número de camas disponibles para inmigrantes detenidos, pero Trump buscaría revertir esta medida.

Según documentos obtenidos por la agencia AP, en agosto, ICE solicitó información sobre posibles nuevas instalaciones de detención en estados como Arizona, California, Nuevo México, Oregón y Washington. Trump también podría restablecer contratos con condados que tienen cárceles con espacio disponible para albergar a inmigrantes detenidos.

Kobach señaló que algunas instalaciones en Texas ya han sido diseñadas para este propósito, y sugirió que podrían servir como modelo para otros estados. “Algunas cárceles en Texas son excepcionalmente grandes porque buscan contratos con otros condados y con el gobierno federal para este tipo de situaciones”, explicó.

El regreso de Trump al poder con estas políticas migratorias podría desencadenar una ola de desafíos legales y protestas sociales. Los defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que estas medidas no solo son costosas y difíciles de implementar, sino que también socavan los valores fundamentales del país, como la igualdad y la justicia.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre las comunidades de inmigrantes, muchas de las cuales ya enfrentan barreras económicas y sociales significativas. Líderes religiosos y activistas han reiterado su compromiso de proteger a los más vulnerables, mientras organizaciones legales se preparan para batallar en los tribunales cualquier medida que consideren inconstitucional.

El panorama migratorio en Estados Unidos se encuentra en un punto crítico, y las acciones de la administración Trump en los próximos meses podrían definir el rumbo del debate migratorio por décadas.

Deportaciones masivas de Trump incluirán “autodeportaciones” y colaboración policial con condados