Inmigrantes venezolanos deportados a El Salvador acusados sin prueba de ser terroristas

Por Joshua Goodman y Gisela Salomon

MIAMI (AP) - Franco Caraballo llamó a su esposa el viernes por la noche, llorando y entrando en pánico. Horas antes, el barbero de 26 años y docenas de otros migrantes venezolanos en un centro de detención federal en Texas fueron vestidos con ropa blanca, esposados y llevados a un avión. No tenía ni idea de a dónde iba.

Veinticuatro horas después, el nombre de Caraballo desapareció del localizador de detenidos en línea del Servicio de Inmigración y Aduanas los Estados Unidos.

El lunes, su esposa, Johanny Sánchez, se enteró de que Caraballo estaba entre los más de 200 inmigrantes venezolanos que volaron durante el fin de semana a El Salvador, donde se encuentran en una prisión de máxima seguridad después de ser acusados por la administración Trump de pertenecer a la banda venezolana Tren de Aragua.

Sánchez insiste en que su marido no es un pandillero. Incluso le cuesta encontrar lógica en la acusación.

Los vuelos de fin de semana

Los vuelos de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos desencadenaron una lucha frenética entre familias aterrorizadas después de que cientos de inmigrantes desaparecieran del localizador en línea de ICE.

Algunos se aparecieron en esa enorme prisión de El Salvador, donde no se permiten visitas, recreación y educación. Estados Unidos ha pagado al gobierno de El Salvador 6 millones de dólares para retener a inmigrantes, muchos de ellos venezolanos, cuyo gobierno rara vez acepta deportados de los Estados Unidos.

Pero muchas familias no tienen idea de dónde encontrar a sus seres queridos. El Salvador no tiene una base de datos en línea para buscar reclusos, y las familias allí a menudo tienen dificultades para obtener información.

"No sé nada sobre mi hijo", dijo Xiomara Vizcaya, una venezolana de 46 años.

Ali David Navas Vizcaya había estado detenido en Estados Unidos desde principios de 2024, cuando fue detenido en un cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, donde tenía una cita para hablar con los oficiales de inmigración. La llamó a última hora del viernes y le dijo que pensaba que lo estaban deportando a Venezuela o México.

"Me dijo: 'Finalmente, vamos a estar juntos, y esta pesadilla va a terminar'", dijo Vizcaya en una entrevista telefónica desde su casa en la ciudad de Barquisimeto, al norte de Venezuela.

Su nombre ya no está en el sistema de ICE. Ella dijo que él no tiene antecedentes penales y sospecha que puede haber sido identificado erróneamente como miembro de Tren de Aragua debido a varios tatuajes.

"Se fue por el sueño americano, para poder ayudarme económicamente, pero nunca tuvo la oportunidad de salir" de prisión, dijo.

Casi 8 millones de venezolanos han dejado su patria desde 2013, cuando su economía dependiente del petróleo colapsó y Estados impuso severas sanciones a la economía del país sudamericano. La mayoría fue inicialmente a otros países latinoamericanos, pero más se dirigieron a los Estados Unidos después de que se levantaran las restricciones de COVID-19 durante la administración de Biden.

Una ley del siglo XVIII

El sábado, el presidente Donald Trump anunció que había invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite a los Estados Unidos deportar a los no ciudadanos sin ningún recurso legal, incluido el derecho a comparecer ante un juez de inmigración o de la corte federal.

La administración dice que está utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de guerra para deportar a presuntos miembros de Tren de Aragua, diciendo que la pandilla estaba invadiendo los Estados Unidos, aunque no ha proporcionado ninguna evidencia para respaldar las reclamaciones de membresía de pandillas.

Los funcionarios estadounidenses reconocieron en una presentación judicial el lunes que muchas personas enviadas a El Salvador no tienen antecedentes penales, aunque insistieron en que todos son presuntos miembros de pandillas.

Los funcionarios estadounidenses reconocieron en una presentación judicial el lunes que muchas personas enviadas a El Salvador no tienen antecedentes penales, aunque insistieron en que todos son presuntos miembros de pandillas.

"La falta de antecedentes penales no indica que representen una amenaza limitada", dijo una declaración jurada en la presentación, y agregó que, junto con su presunta pertenencia a pandillas, "la falta de información específica sobre cada individuo en realidad resalta el riesgo que representan".

Sánchez dijo que ella y su esposo se fueron de Venezuela con apenas 200 dólares y pasaron tres meses durmiendo en plazas, comiendo en botes de basura y confiando en la buena voluntad de sus compañeros migrantes mientras viajaban hacia el norte.

Ella pensó que el sacrificio valdría la pena. Su marido había estado trabajando como barbero desde los 13 años y tenía la esperanza de poder encontrar un nuevo comienzo en los Estados Unidos, escapando de los salarios de pobreza y del gobierno de puño de hierro de Nicolás Maduro en Venezuela.

Venezuela responde

El gobierno venezolano ha llamado a los vuelos "secuestros". Instó a sus ciudadanos que viven en los Estados Unidos a regresar a casa y prometió que otros regresaran de El Salvador. Pero con los lazos diplomáticos rotos hace mucho tiempo entre Venezuela y El Salvador, los prisioneros tienen pocos defensores.

Las deportaciones estadounidenses exacerban la crisis migratoria de Venezuela al convertir a "migrantes en peones geopolíticos", dijo Oscar Murillo, jefe del grupo venezolano de derechos humanos Provea. "Hay una falta de transparencia por parte de los Estados Unidos y El Salvador con respecto al estado de las personas deportadas y los delitos por los que están siendo procesados".

Sánchez es uno de los que creen que el sueño estadounidense se ha vuelto feo. Ella quiere irse de los Estados Unidos una vez que encuentre a su marido.

"Huimos de Venezuela por un futuro mejor. Nunca imaginamos que las cosas serían peores".

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