Por Sala de Redacción EVH

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GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH)_ La Legislatura de Michigan ha dado un paso crucial para salvaguardar a las familias trabajadoras y vulnerables del estado al aprobar los proyectos de ley 4900 y 4901 de la Cámara de Representantes. Estas propuestas legislativas, patrocinadas por las representantes Kara Hope (D-Holt) y Brenda Carter (D-Pontiac), están diseñadas para actualizar las protecciones frente al embargo de salarios, viviendas y bienes esenciales, así como para blindar beneficios públicos críticos como el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC) contra prácticas de cobro excesivas que han empujado a numerosas familias a la pobreza.

El proyecto de ley 4900, liderado por la representante Hope, establece una actualización en las exenciones de embargo para reflejar los valores económicos actuales, permitiendo a las familias conservar más de sus recursos esenciales. Este proyecto también incluye una disposición para impedir que los cobradores de deudas intercepten el EITC, un beneficio vital para las familias de bajos ingresos. Hope subrayó que el EITC está destinado a cubrir necesidades básicas, como alimentación y ropa para los niños, y no debería ser redirigido hacia el pago de deudas de consumo. Según estadísticas recientes, más de 50,000 hogares en Michigan han visto sus créditos interceptados este año, privándolos de recursos fundamentales para su bienestar.

Por su parte, el proyecto de ley 4901, impulsado por la representante Carter, se centra en reformar las leyes de bancarrota para proteger a las familias que enfrentan dificultades financieras. Actualmente, la exención de impuestos a la propiedad protege menos de $46,000, una cifra que representa menos de una quinta parte del precio promedio de una casa en Michigan. Carter destacó que esta legislación es fundamental para garantizar que las familias puedan conservar sus hogares, incluso durante una crisis económica, y evitar que queden desamparadas tras declararse en bancarrota.

El senador Jeff Irwin (D-Ann Arbor), quien trabajó en la versión del Senado de estas iniciativas, enfatizó que los actuales montos de exención son obsoletos y no han sido actualizados en generaciones, lo que ha debilitado su capacidad para proteger a las familias frente a embargos excesivos. Irwin señaló que las prácticas de cobro que privan a las personas de sus viviendas o transporte para trabajar son contraproducentes, ya que no solo dificultan el pago de deudas, sino que también obligan a las personas a depender de beneficios públicos.

La senadora Mary Cavanagh (D-Redford Twp.), otra figura clave en este esfuerzo legislativo, añadió que el propósito de la bancarrota en el sistema económico es ofrecer una segunda oportunidad a quienes enfrentan reveses financieros. Sin embargo, la actual legislación no cumple con este objetivo cuando deja a las personas desamparadas tras perder sus hogares y medios de transporte. Cavanagh subrayó que aumentar las exenciones de bancarrota a montos razonables es esencial para permitir que las familias en dificultades sigan participando en la economía y reconstruyan su estabilidad.

Los proyectos de ley han recibido un amplio respaldo de diversas organizaciones, incluidas Pew Charitable Trusts, CEDAM y la Coalición Cristiana, que han destacado la importancia de estas medidas para equilibrar las necesidades de los acreedores con la protección de los recursos esenciales para las familias. Según Irwin, las negociaciones involucraron a una amplia gama de partes interesadas, lo que resultó en una legislación que ofrece un equilibrio saludable para el estado.

El proceso legislativo también incluyó un análisis detallado de las implicaciones de las nuevas disposiciones, asegurando que cumplan con las regulaciones del Título VI, que requieren que los cambios en las políticas no afecten de manera desproporcionada a las comunidades de bajos ingresos y minoritarias. Los hallazgos del análisis confirmaron que estas medidas no resultarán en impactos disparatados ni cargas desproporcionadas, lo que garantiza su alineación con los principios de equidad y justicia social.

Los proyectos de ley ahora están en manos de la gobernadora Gretchen Whitmer, quien tiene la última palabra sobre su promulgación. Se espera que la gobernadora actúe rápidamente para convertir estas propuestas en ley, lo que permitiría que las protecciones entren en vigor en 2025. De ser aprobadas, estas medidas ofrecerán un alivio significativo a miles de familias en todo Michigan, ayudándolas a mantener sus hogares, empleos y estabilidad económica, incluso en medio de dificultades financieras.

Este paquete legislativo marca un avance significativo hacia la modernización de las políticas de embargo en Michigan, adaptándolas a las realidades económicas actuales y asegurando que las familias no sean castigadas de manera desproporcionada por deudas de consumo. Las medidas también reflejan un compromiso renovado con la equidad y la justicia social, abordando problemas sistémicos que han afectado desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables del estado.

La aprobación de estas iniciativas subraya la importancia de una política pública que priorice el bienestar de las familias trabajadoras y refuerce la seguridad económica para todos los habitantes de Michigan. A medida que se espera la decisión final de la gobernadora Whitmer, las comunidades y organizaciones que apoyaron estas medidas celebran este avance como un paso en la dirección correcta para garantizar un futuro más justo y equitativo.

Legislatura aprueba medidas para limitar el embargo de viviendas y salarios