Por Karla Bahm

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GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH)_ El sistema de registro de delincuentes sexuales de Michigan ha sido declarado parcialmente inconstitucional, según una decisión emitida por un juez federal en Detroit. Este fallo representa un importante avance para miles de personas afectadas por las estrictas regulaciones del registro y plantea dudas sobre la efectividad y constitucionalidad de este sistema. La decisión es el resultado de una demanda presentada en 2022 por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de varios delincuentes sexuales de Michigan, y podría generar cambios significativos en la ley estatal.

El registro de delincuentes sexuales de Michigan, conocido como SORA (Sex Offender Registration Act), se estableció en 1994 y ha sido modificado varias veces desde entonces. Su objetivo principal es rastrear y monitorear a personas condenadas por delitos sexuales para proteger la seguridad pública. Aquellos incluidos en el registro están obligados a cumplir con requisitos estrictos, como notificar cambios de dirección, informar sobre identificadores de Internet como correos electrónicos y cuentas de redes sociales, y en algunos casos, presentarse ante las autoridades en persona.

El juez federal de EE. UU. Mark Goldsmith falló a favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en una serie de puntos clave en su demanda contra la Ley de Registro de Delincuentes Sexuales de Michigan, determinando que varias disposiciones de la ley son inconstitucionales.

Uno de los aspectos más destacados del fallo es la retroactividad inconstitucional de la ley. El juez Goldsmith dictaminó que extender retroactivamente el tiempo de registro de 25 años a cadena perpetua para las personas ya incluidas en el sistema es una violación de la Constitución. Esto significa que aquellos que ya han cumplido su plazo en el registro no pueden ser forzados a permanecer en él de por vida simplemente porque las leyes hayan cambiado después de su condena.

Además, el fallo establece la necesidad de una audiencia judicial previa para aquellas personas que no fueron condenadas por delitos sexuales pero que actualmente están incluidas en el registro. Esta decisión afecta directamente a unas 300 personas que se encuentran en esta situación y que, según la nueva sentencia, no podrán seguir registradas sin una revisión judicial que lo justifique.

El juez también abordó el tratamiento de condenas fuera del estado, declarando que Michigan no puede imponer requisitos más estrictos a quienes fueron condenados fuera del estado en comparación con los condenados dentro del estado. Esto asegura que las personas con condenas en otras jurisdicciones no enfrenten restricciones adicionales simplemente por haber sido juzgadas en otro lugar.

Otro aspecto importante de la decisión fue la consideración de los identificadores de Internet. El juez Goldsmith consideró que exigir a los inscritos que informen sobre sus correos electrónicos y cuentas de redes sociales es una violación de la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión. Esta parte de la ley fue anulada, eliminando la obligación de notificar estos datos personales.

Finalmente, el juez también determinó que obligar a las personas registradas a declarar que entienden la ley, incluso si no lo hacen, es una forma de expresión forzada que también viola la Constitución. Esta disposición fue considerada inconstitucional por obligar a los inscritos a hacer declaraciones que podrían no ser verdaderas o que no comprenden completamente.

Según la ACLU este fallo representa un avance en la lucha para reformar el registro de delincuentes sexuales en Michigan, el cual afecta a miles de personas y poniendo en tela de juicio la constitucionalidad de varias de sus disposiciones clave, según la organización.

De acuerdo con la ACLU, alrededor de 17.000 personas serán eliminadas del registro una vez que hayan completado 25 años sin cometer otro delito que requiera su inscripción. Además, más de 3.000 personas que fueron condenadas fuera del estado podrán solicitar una revisión judicial para determinar si deben seguir en el registro bajo las normas de Michigan.

Los requisitos para reportarse en persona también cambiarán para aproximadamente 31.000 personas, lo que alivia la carga de tener que presentarse regularmente ante las autoridades. Además, los requisitos de denuncia en línea, que afectan a unas 14.000 personas, también serán modificados.

La ACLU de Michigan celebró la decisión del juez federal, afirmando que es un paso en la dirección correcta para reformar un sistema que consideran ineficaz y excesivamente punitivo. Miriam Aukerman, abogada principal de la ACLU, ha liderado los esfuerzos para impugnar el registro durante más de una década y expresó su esperanza de que el fallo impulse a los legisladores a reformar SORA.

"Este fallo deja claro que el sistema de registro de delincuentes sexuales de Michigan es inconstitucional y no cumple con su propósito de proteger a la sociedad", dijo Aukerman en un comunicado. "Debemos centrarnos en lo que realmente funciona, como la prevención y el apoyo a los sobrevivientes, en lugar de aferrarnos a un sistema que falla tanto en justicia como en efectividad".

Por otro lado, las autoridades de Michigan aún están revisando el fallo y no han anunciado qué pasos tomarán a continuación. La portavoz de la Policía Estatal de Michigan, Shanon Banner, afirmó que están trabajando en coordinación con la Oficina del Fiscal General para evaluar las implicaciones del fallo y determinar cómo proceder.

Este fallo no es el primer desafío al sistema de registro de delincuentes sexuales de Michigan, pero es uno de los más significativos en términos de su impacto potencial. La ACLU espera que esta decisión impulse una reforma integral del sistema, que equilibre la necesidad de seguridad pública con los derechos constitucionales de las personas inscritas en el registro.

Michigan: Ley de Registro de Delincuentes Sexuales enfrenta cambios tras decisión de juez federal