Los estados demandan a la administración Trump por rescindir miles de millones en fondos para la salud

Por Devna Bose y Lindsey Whitehurst

Una coalición de estados demandó a la administración Trump el martes por su decisión de recortar 11 mil millones de dólares en fondos federales que se destinan a iniciativas de COVID-19 y varios proyectos de salud pública en todo el país.

Los fiscales generales y otros funcionarios de 23 estados demandaron en la corte federal de Rhode Island. Incluyen a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y al fiscal general de Colorado, Phil Weiser, así como al gobernador de Kentucky. Andy Beshear, gobernador de Pensilvania Josh Shapiro y el Distrito de Columbia.

La demanda argumenta que los recortes son ilegales y que el gobierno federal no proporcionó una "base racional" o hechos para respaldar los recortes. Los fiscales generales dicen que resultará en "daño grave a la salud pública" y pondrá a los estados "en mayor riesgo de futuras pandemias y la propagación de enfermedades prevenibles y el corte de los servicios vitales de salud pública".

La demanda pide al tribunal que detenga de inmediato a la administración Trump de rescindir el dinero, que fue asignado por el Congreso durante la pandemia y utilizado principalmente para esfuerzos relacionados con la COVID, como pruebas y vacunación. El dinero también se destinó a programas de adicción y salud mental.

"Recortar esta financiación ahora revertirá nuestro progreso en la crisis de opioides, arrojará nuestros sistemas de salud mental al caos y dejará a los hospitales luchando por atender a los pacientes", dijo James el martes en un comunicado de prensa.

Los EE. UU. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que comenzó a notificar a los empleados el martes en lo que se espera que sume un total de 10.000 despidos, dijo que no comenta sobre los litigios en curso.

El portavoz del HHS, Andrew Nixon, señaló la declaración de la agencia de la semana pasada, cuando se anunció la decisión de recuperar el dinero. El HHS dijo entonces que "ya no desperdiciará miles de millones de dólares de los contribuyentes respondiendo a una pandemia inexistente de la que los estadounidenses pasaron hace años".

Los departamentos de salud pública locales y estatales todavía están evaluando el impacto de la pérdida de fondos, aunque la demanda apunta a la recuperación que pone en riesgo a cientos de empleos y debilita los esfuerzos para detener enfermedades infecciosas como la gripe y el sarampión.

El Departamento de Salud de Minnesota dijo que envió avisos de despido y separación el martes a 170 empleados cuyos puestos fueron financiados por subvenciones federales recientemente terminadas. La agencia estatal también dijo que unos 300 trabajadores más corrían el riesgo de que se eliminaran sus puestos, y que había rescindido las ofertas de trabajo a casi 20 personas.

La agencia dijo que los despidos y las separaciones son una consecuencia directa del recorte del gobierno federal de más de 220 millones de dólares en fondos previamente aprobados.

"Estamos trabajando ahora para averiguar cuánto de este trabajo crítico de salud pública podemos ahorrar y continuar", dijo la Comisionada de Salud de Minnesota, Brooke Cunningham, en un comunicado. "La acción repentina e inesperada del gobierno federal no nos dejó más remedio que proceder con los despidos de inmediato".

California podría perder casi mil millones de dólares, según un comunicado de la oficina del Fiscal General del estado Rob Bonta. Ese dinero apoya una serie de iniciativas de salud pública, incluidos los programas de prevención de trastornos por uso de sustancias, los esfuerzos de vacunación y la prevención de la gripe aviar.

Los funcionarios de salud de Carolina del Norte, que se unieron a la demanda, estiman que el estado podría perder 230 millones de dólares, perjudicando a docenas de departamentos de salud locales, sistemas hospitalarios, universidades y centros de salud rurales. Al menos 80 empleos gubernamentales y docenas de contratistas se verían afectados, según los funcionarios estatales de salud.

"Hay formas legales de mejorar la forma en que se utilizan los dólares de los impuestos, pero esta no era una de ellas", dijo el fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson. "La interrupción inmediata de los programas críticos de atención médica en todo el estado sin autoridad legal no solo está mal, sino que pone vidas en riesgo".

Ya se han cancelado más de dos docenas de subvenciones de investigación relacionadas con la COVID financiadas por los Institutos Nacionales de Salud.

Estados Unidos Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de marzo muestran que la COVID-19 mató a 411 personas cada semana en promedio, a pesar de que la emergencia federal de salud pública ha terminado.