Por Karla Bahm

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GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH)_ El lunes 23 de septiembre, la Junta de Comisionados del Condado de Livingston en Michigan aprobó una resolución que ha generado un amplio debate y preocupación en la comunidad local y entre grupos de derechos civiles. La medida, que exige a la oficina del sheriff del condado hacer un seguimiento de todos los contactos con inmigrantes indocumentados, ha sido aclamada por algunos miembros de la junta como una acción en favor de la "priorización de los ciudadanos estadounidenses". Sin embargo, diversos sectores comunitarios han expresado su temor de que esta nueva política fomente la división, aliente la discriminación racial y ponga en riesgo tanto a inmigrantes como a otros residentes del condado.

Esta resolución anti inmigrante fue aprobada casi un mes después de que el candidato presidencial republicano, Donald Trump, utilizara un evento de campaña en la Oficina del Sheriff del Condado de Livingston, el martes 20 de agosto de 2024, para atacar a su rival demócrata, Kamala Harris, acusándola de ser blanda en temas de crimen e inmigración ilegal.

Según informó la AP, Trump prometió llevar a cabo una deportación masiva de inmigrantes indocumentados si resultaba reelecto y se comprometió a "reembolsar a la policía", exagerando las estadísticas de criminalidad y acusando falsamente a Harris de querer desfinanciar a las fuerzas del orden.

"Kamala Harris traerá crimen, caos, destrucción y muerte si llega a ser presidenta de los Estados Unidos", declaró Trump. "Yo garantizaré la ley, el orden, la seguridad y la paz, y protegeré a quienes nos protegen".

El comisionado Wes Nakagiri, uno de los defensores más vocales de la resolución, celebró la aprobación de la medida con una votación que finalizó 8-0, con un comisionado ausente. Nakagiri calificó la decisión como “alentadora” y subrayó que, desde su punto de vista, la resolución refleja un compromiso con los ciudadanos estadounidenses y su bienestar. "Soy una persona que prioriza a Estados Unidos y realmente quiero que los estadounidenses reciban un trato preferencial por parte de sus funcionarios electos", afirmó Nakagiri en una entrevista con CBS News Detroit, destacando lo que considera una medida en línea con las preocupaciones de los electores locales.

Sin embargo, la votación ha sido criticada por su potencial impacto negativo en la cohesión social del condado. Diversas organizaciones de derechos civiles y grupos comunitarios han denunciado que esta política crea un ambiente de miedo y desconfianza, al tiempo que corre el riesgo de violar derechos constitucionales y sobrecargar a las fuerzas de seguridad locales con responsabilidades que deberían recaer en el gobierno federal.

Los grupos que se oponen a la resolución han emitido fuertes advertencias sobre las consecuencias que podría tener esta nueva política en el Condado de Livingston. En un comunicado conjunto, representantes de varias organizaciones de derechos civiles expresaron su "profunda preocupación" por la aprobación de una medida que, en su opinión, formaliza un plan para que las fuerzas del orden se centren en los inmigrantes, independientemente de si han cometido delitos o no. "Los comisionados corren el riesgo de infringir la ley y provocar costosas peleas judiciales, al mismo tiempo que fomentan la división y ponen en peligro a todos los residentes del condado", declaró en un comunicado Michigan Immigrant Rights Center.

Uno de los principales argumentos contra la resolución es que la aplicación de leyes de inmigración no es una tarea que corresponda a las fuerzas de seguridad locales. Según los opositores, estas fuerzas deberían centrarse en la vigilancia comunitaria, el control del crimen y el fortalecimiento de la seguridad pública. La mayoría de las violaciones de las leyes de inmigración son infracciones civiles que caen bajo la jurisdicción del gobierno federal, no de las autoridades locales. Por ello, la medida podría distraer recursos y personal que deberían estar dedicados a la protección de los ciudadanos, agregaron.

Una de las consecuencias más inmediatas y preocupantes de la resolución, según los defensores de los derechos civiles, es la erosión de la ya precaria confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden locales. El miedo a ser interrogados, detenidos o incluso deportados por no tener la documentación adecuada disuadiría a los inmigrantes de reportar delitos o colaborar con la policía en la investigación de crímenes. "Los testigos y las víctimas inmigrantes tendrán menos probabilidades de denunciar delitos y obtener información útil por temor a que ellos o sus familiares sean interrogados, detenidos o deportados", señaló Michigan Immigrant Rights Center.

Esta falta de cooperación con las fuerzas del orden, advierten los críticos, no solo afecta a los inmigrantes, sino a toda la comunidad. La inseguridad aumentaría si las víctimas y testigos temen reportar delitos, lo que dejaría a los delincuentes libres de actuar sin consecuencias. "Todos estamos menos seguros cuando nuestros amigos y vecinos tienen miedo de llamar a la policía", añadió la organización pro inmigrante en su comunicado.

La resolución aprobada en Livingston también plantea preocupaciones sobre su legalidad y sobre la posible violación de derechos constitucionales, lo que podría derivar en costosas demandas legales para el condado. Según expertos en inmigración, la complejidad de las leyes migratorias es tal que los agentes locales de las fuerzas del orden, al no estar capacitados en estas áreas, corren el riesgo de tomar decisiones erróneas basadas en el estatus migratorio de una persona. Además, cualquier intento de las fuerzas locales de detener o interrogar a alguien basándose en la sospecha de que está en el país de manera irregular podría interpretarse como una violación de los derechos constitucionales de esa persona.

"Los agentes de seguridad locales no pueden detener o arrestar a alguien simplemente porque crean que la persona está en los Estados Unidos ilegalmente", explicaron los opositores. Según ellos, realizar este tipo de detenciones pondría a la comunidad en peligro de ser demandada por violar derechos constitucionales como los protegidos por la Cuarta y la Decimocuarta Enmiendas, que garantizan la protección igualitaria ante la ley y la prohibición de detenciones arbitrarias.

Además, apuntan que la resolución podría abrir la puerta a prácticas de discriminación racial, ya que los agentes podrían tomar decisiones basadas en la apariencia física, el idioma o el origen percibido de una persona. "La discriminación racial por parte de las fuerzas del orden es inconstitucional", advierten. Tal práctica violaría la protección igualitaria ante las leyes, lo que resultaría en litigios costosos para el condado y pondría en jaque la credibilidad de las fuerzas del orden, explicó la ACLU de Michigan.

Mientras que los comisionados como Nakagiri ven la resolución como una medida para fortalecer la seguridad del condado y priorizar a los ciudadanos estadounidenses, muchos residentes del condado de Livingston se sienten preocupados por el precedente que establece. Varios líderes comunitarios han pedido que se reconsidere la política y han instado a la comunidad a centrarse en construir una sociedad inclusiva, donde todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, se sientan seguras.

“Vivimos en comunidades donde nuestros parques, lugares de culto y asociaciones de vecinos no discriminan por estatus migratorio, y nuestro gobierno local tampoco debería hacerlo”, indicó la ACLU de Michigan. "El seguimiento del estatus migratorio no es asunto de las fuerzas de seguridad locales y quita tiempo valioso al tipo de vigilancia comunitaria que realmente puede ayudar a mantener seguras a las comunidades locales", concluyeron.

El Livingston Daily informó que el Sheriff del Condado, Mike Murphy, explicó la falta de un sistema formal para hacer un seguimiento de inmigrantes indocumentados bajo las políticas actuales. “En este momento, no existe ningún mecanismo implementado para rastrear a las personas sin estatus legal en nuestro sistema”, comentó Murphy al Daily la semana pasada. “Lo que sabemos es puramente anecdótico. En otras palabras, cuando mis oficiales arrestan a alguien que está en el país de manera ilegal o indocumentada, nos comunicamos con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y ellos deciden qué hacer, ya sea que vengan a recogerlos o no, lo cual sucede en el 99.9% de los casos", agregó.

Cuando se le preguntó sobre su definición de un "inmigrante ilegal", Murphy fue claro: "Para mí, la definición sería simple: si has estado aquí más de tres meses sin la documentación adecuada, entonces estás aquí de manera ilegal".

En medio de este acalorado debate, aún está por verse cómo se desarrollará la implementación de la resolución y qué posibles acciones legales podrían desencadenarse en el corto plazo. Lo que es indudable es que el Condado de Livingston se ha convertido en el epicentro de un debate nacional sobre inmigración, derechos civiles y el papel que deben desempeñar las fuerzas del orden locales en la aplicación de las leyes migratorias federales.

Polémica en Michigan tras aprobación de monitoreo de inmigrantes en Condado de Livingston