Trump ordena desmantelar el Departamento de Educación

WASHINGTON (AP) - El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el jueves ordenando el desmantelamiento de los Estados Unidos. Departamento de Educación, una promesa de campaña para eliminar a una agencia que ha sido un objetivo de los conservadores durante mucho tiempo.

Trump se ha burlado del Departamento de Educación como derrochador y contaminado por la ideología liberal. Sin embargo, completar su desmantelamiento es probablemente imposible sin un acto del Congreso, que creó el departamento en 1979.

Una hoja informativa de la Casa Blanca dijo que la orden ordena a la Secretaria Linda McMahon "a tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los Estados”

La acción de Trump hace que el departamento sea mucho más pequeño de lo que es hoy, pero continuará administrando préstamos estudiantiles federales y becas Pell, dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Otras tareas críticas del departamento, como la aplicación de los derechos civiles, se mantendrán, dijo, pero no dijo cómo se cumplirán.

"La gran responsabilidad de la educación, de educar a los estudiantes de nuestra nación, regresará a los estados", dijo Leavitt a los periodistas el jueves.

La administración republicana de Trump ya ha estado desmantelando la agencia. Su fuerza laboral se está reduciendo a la mitad, y ha habido profundos recortes en la Oficina de Derechos Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el progreso académico de la nación.

Los defensores de las escuelas públicas dijeron que eliminar el departamento dejaría a los niños atrás en un sistema educativo estadounidense que es fundamentalmente desigual.

"Esto no está arreglando la educación", dijo el Sindicato Nacional de Padres en un comunicado. "Se trata de asegurarse de que millones de niños nunca tengan una oportunidad justa. Y no vamos a dejar que eso suceda sin luchar".

La orden de Trump es "peligrosa e ilegal" y perjudicará desproporcionadamente a los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes de color y los que tienen discapacidades, dijo el representante Bobby Scott de Virginia, el principal demócrata en el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes.

El departamento "fue fundado en parte para garantizar la aplicación de los derechos civiles de los estudiantes", dijo Scott. "Los campeones de la segregación en las escuelas públicas se opusieron e hicieron campaña por el regreso a los 'derechos de los estados'".

Los partidarios de la visión de Trump para la educación acogieron con beneplácito la orden.

"No más burocracia inflada que dicta lo que los niños aprenden o sofoca la innovación con burocracia", dijo Tiffany Justice, cofundadora de Moms for Liberty, en las redes sociales. "Los estados, las comunidades y los padres pueden tomar las riendas, adaptando la educación a lo que realmente funciona para sus hijos".

La Casa Blanca no ha detallado formalmente qué funciones del departamento podrían ser transferidas a otros departamentos o eliminadas por completo. En su audiencia de confirmación, McMahon dijo que preservaría las iniciativas centrales, incluido el dinero del Título I para las escuelas de bajos ingresos y las becas Pell para los estudiantes universitarios de bajos ingresos. El objetivo de la administración, dijo, sería "un departamento que funcione mejor".

El departamento envía miles de millones de dólares al año a las escuelas y supervisa 1,6 billones de dólares en préstamos federales para estudiantes.

Actualmente, gran parte del trabajo de la agencia gira en torno a la gestión del dinero, tanto su amplia cartera de préstamos estudiantiles como una serie de programas de ayuda para universidades y distritos escolares, como comidas escolares y apoyo para estudiantes sin hogar. La agencia también es clave para supervisar la aplicación de los derechos civiles.

Los estados y distritos ya controlan las escuelas locales, incluido el plan de estudios, pero algunos conservadores han presionado para cortar las condiciones vinculadas al dinero federal y proporcionarlo a los estados como "subvenciones en bloque" para ser utilizadas a su discreción. La concesión en bloque ha planteado preguntas sobre las fuentes de financiación vitales, incluido el Título I, la mayor fuente de dinero federal para las escuelas K-12 de Estados Unidos. Las familias de niños con discapacidades se han desesperado por lo que podría venir del trabajo del departamento federal para proteger sus derechos.

La financiación federal representa una parte relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas, aproximadamente el 14 %. El dinero a menudo apoya programas complementarios para estudiantes vulnerables, como el programa McKinney-Vento para estudiantes sin hogar o el Título I para escuelas de bajos ingresos.

Los colegios y universidades dependen más del dinero de Washington, a través de becas de investigación junto con la ayuda financiera federal que ayuda a los estudiantes a pagar su matrícula.

Los republicanos han hablado de cerrar el Departamento de Educación durante décadas, diciendo que desperdicia el dinero de los contribuyentes e inserta al gobierno federal en decisiones que deberían recaer en los estados y las escuelas. La idea ha ganado popularidad recientemente a medida que los grupos de padres conservadores exigen más autoridad sobre la escolarización de sus hijos.

En su plataforma, Trump prometió cerrar el departamento "y enviarlo de vuelta a los estados, donde pertenece". Trump ha lanzado al departamento como un semio de "radicales, fanáticos y marxistas" que extienden demasiado su alcance a través de la orientación y la regulación.

Incluso cuando Trump se mueve para desmantelar el departamento, se ha apoyado en él para promover elementos de su agenda. Ha utilizado los poderes de investigación de la Oficina de Derechos Civiles y la amenaza de retirar el dinero federal para la educación para atacar a las escuelas y universidades que se enfrentan a sus órdenes sobre atletas transgénero que participan en deportes femeninos, activismo pro-palestino y programas de diversidad.

Incluso algunos de los aliados de Trump han cuestionado su poder para cerrar la agencia sin la acción del Congreso, y hay dudas sobre su popularidad política. La Cámara consideró una enmienda para cerrar la agencia en 2023, pero 60 republicanos se unieron a los demócratas para oponerse.

Durante el primer mandato de Trump, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, trató de reducir drásticamente el presupuesto de la agencia y pidió al Congreso que agrupara toda la financiación de K-12 en subvenciones en bloque que den a los estados más flexibilidad en la forma en que gastan el dinero federal. Esa medida fue rechazada, con el rechazo de algunos republicanos.

Leavitt es uno de los tres funcionarios de la administración nombrados en una demanda de The Associated Press sobre los motivos de la Primera y Quinta Enmienda. La AP dice que los tres están castigando a la agencia de noticias por las decisiones editoriales a las que se oponen. La Casa Blanca dice que la AP no está siguiendo una orden ejecutiva para referirse al Golfo de México como el Golfo de América.