Por Karla Bahm

Karla@elvocerous.com

GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH)_ La perspectiva de una nueva administración de Donald Trump en la Casa Blanca, que comenzará el próximo 20 de enero, ha encendido las alarmas entre abogados de inmigración y activistas pro derechos de los inmigrantes. Las promesas electorales de Trump, enfocadas en realizar deportaciones masivas, revocar programas de protección como DACA y TPS, eliminar el programa de parole y utilizar a las fuerzas del orden contra inmigrantes en situación irregular, han dado paso a una sensación de inminente conflicto en la comunidad inmigrante. Mientras los aliados del expresidente festejan su retorno, las organizaciones defensoras de derechos civiles y movimientos pro inmigrantes se preparan para un desafío legal y político que podría definir la vida de millones.

La tensión se intensificó esta semana cuando, a través de una publicación en la red social TruthSocial, el activista conservador Tom Fitton afirmó que Trump planea declarar un estado de emergencia nacional para movilizar tropas en la deportación masiva de inmigrantes en situación irregular. Trump, respondiendo al mensaje, confirmó la información, dejando claro que su administración está dispuesta a utilizar todos los recursos disponibles, incluyendo el brazo militar, para llevar a cabo estas medidas.

Las declaraciones de Trump no han pasado desapercibidas para la comunidad jurídica. En abril, el entonces candidato mencionó que la Guardia Nacional, tradicionalmente encargada de asistir en desastres naturales y conflictos internos a nivel estatal, podría ser un actor clave en las deportaciones masivas. Esto ha generado debates sobre la viabilidad legal de sus planes.

En una entrevista para El Vocero Hispano, Richard Kessler, abogado especializado en inmigración, señaló que la utilización de las fuerzas armadas en operaciones de deportación contravendría principios básicos del marco jurídico estadounidense. "Trump pretende utilizar una ley del siglo XVIII diseñada para detener a aquellos que colaboraban con Inglaterra durante la Guerra de Independencia", explicó Kessler. "Nosotros argumentaremos que aplicar dicha legislación contra inmigrantes es un abuso de poder y estamos preparados para enfrentarlo en los tribunales."

Las declaraciones de Kessler reflejan una postura compartida por varios grupos de derechos civiles, como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y la AILA (Asociación Americana de Abogados de Inmigración), que están organizando una ofensiva legal para detener la puesta en marcha de estos planes. Sin embargo, Kessler también advierte que la comunidad debe estar alerta y preparada para lo peor, especialmente aquellos que tengan antecedentes, por menores que sean. "Cualquier incidente pasado podría ser utilizado como excusa para una deportación en la nueva administración", señaló, recomendando que quienes tengan dudas busquen asesoría legal lo antes posible.

En Michigan, Movimiento Cosecha, una organización comunitaria pro inmigrante, ya está organizándose para enfrentar la anunciada ofensiva migratoria. Durante una conversación con El Vocero Hispano, Gema Lowe, activista destacada del movimiento en Grand Rapids, comentó que se están creando comités de apoyo rápido, compuestos por ciudadanos estadounidenses entrenados para intervenir en incidentes con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). "Nuestro objetivo es estar presentes en el momento en que un vecino esté en peligro de deportación", explicó Lowe. "Desde formar cadenas humanas alrededor de personas amenazadas, hasta organizar la ayuda mutua, queremos que nuestra comunidad sienta el apoyo."

Además de las medidas defensivas, Lowe subrayó la importancia de la presión política para contrarrestar la política migratoria de Trump. "Estamos presionando para que se apruebe el proyecto de ley de 'Licencias Para Todos' antes de que termine el 2024", dijo. Esta iniciativa restauraría el derecho de los inmigrantes indocumentados a obtener una licencia de conducir en Michigan, derecho que les fue retirado en 2008.

El esfuerzo por convertir a Michigan en un estado más seguro para los inmigrantes también incluye la movilización a nivel local. Lowe comentó que se están coordinando esfuerzos para que ciudades y condados de Michigan se declaren "santuarios", con el objetivo de limitar la cooperación de las autoridades locales con las agencias migratorias federales.

“Movimiento Cosecha también está organizando campañas para instar a la gobernadora Gretchen Whitmer a emitir órdenes que prohíban la colaboración de la policía estatal con ICE en actividades de deportación”, aseguró Lowe.

Este tipo de políticas ya han sido adoptadas en otras partes del país, y los defensores de derechos civiles esperan replicarlas en el oeste de Michigan.

"Grand Rapids ha tenido en el pasado políticas de apoyo a la comunidad inmigrante", indicó Kessler. "Con el nuevo alcalde, David LaGrand, un defensor de la justicia, creemos que es posible reafirmar ese compromiso."

Kessler también abordó la importancia de las políticas locales en la protección de los derechos de los inmigrantes. "Ciudades como Santa Clara, Berkeley y San Francisco han liderado la adopción de programas que limitan la colaboración con ICE", comentó. "El caso de Grand Rapids es crucial, especialmente en un estado que ha oscilado entre el apoyo y la resistencia a las políticas migratorias restrictivas."

Para los inmigrantes, la prevención es una herramienta esencial en la defensa contra la posible represión. Lowe y otros miembros de Movimiento Cosecha están brindando talleres gratuitos para informar a la comunidad sobre sus derechos, sin importar su estatus migratorio. En estos encuentros, se explica cómo protegerse ante la posible llegada de ICE y qué hacer en caso de ser detenido. "No queremos que nadie entre en pánico", explicó Lowe. "Pero es vital estar preparados. Si algo nos enseñaron los primeros años de la administración Trump es que la comunidad inmigrante tiene una gran capacidad de resistencia y organización."

Kessler, por su parte, hizo hincapié en la importancia de mantener la calma y conocer sus derechos en situaciones de arresto o redadas. En el primer mandato de Trump, hubo redadas masivas en fábricas y lugares de trabajo, y el abogado no descarta que la estrategia se repita. Su consejo es sencillo: no hablar hasta tener un abogado presente. "El silencio es un derecho", recordó. También mencionó que su despacho legal está trabajando en coordinación con firmas privadas y otras organizaciones legales para asegurar la asistencia a quienes la necesiten.

Mientras tanto, un informe del Consejo Americano de Inmigración advierte que las deportaciones masivas, si se llevan a cabo tal como lo planea Trump, tendrían un efecto devastador en la economía del país. El informe estima que expulsar a un millón de personas anualmente costaría a la economía estadounidense alrededor de 900 mil millones de dólares en los próximos diez años. "No solo se trata de una cuestión de derechos humanos", señaló Kessler. "También es un tema que impactará profundamente en la estructura económica del país."

Una de las posibles estrategias de la próxima administración de Trump será atacar programas como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y TPS (Estatus de Protección Temporal), que actualmente brindan protección a cientos de miles de inmigrantes. Una demanda presentada por gobernadores republicanos, que podría llegar a la Corte Suprema, busca impugnar el DACA. Por ahora, los beneficiarios del DACA pueden renovar su estatus, pero no se aceptan nuevas solicitudes, a menos que ocurra un cambio en la jurisprudencia. En cuanto al TPS, durante su primer mandato, Trump restringió significativamente este programa, que fue creado en 1990 para permitir que personas de países considerados inseguros permanecieran en Estados Unidos. En contraste, Biden amplió considerablemente el alcance del TPS, beneficiando a cientos de miles de haitianos y venezolanos. Sin embargo, durante su campaña presidencial, Trump reiteró su intención de ponerle fin a este programa.

Kessler anticipa que organizaciones pro derechos humanos y estados que tradicionalmente han resistido políticas antiinmigrantes llevarán estas disputas hasta la Corte Suprema. "No podemos subestimar la capacidad de la administración de presionar cambios radicales en la política migratoria, pero confío en que la comunidad y nuestros aliados estaremos a la altura de la situación."

Ante eso, Movimiento Cosecha está organizando foros comunitarios en Grand Rapids y otras ciudades del estado, instando a la comunidad afectada, así como a aliados, iglesias y entidades pro inmigrantes, a unirse en la lucha. "Ya hemos vivido los primeros cuatro años bajo Trump", dijo Lowe. "No solo enfrentamos la amenaza constante de deportación, sino también una pandemia que demostró la importancia de nuestra mano de obra inmigrante. Nos toca estar preparados para enfrentar lo que venga, unidos y con la frente en alto."

La próxima reunión comunitaria se llevará a cabo el sábado 23 de noviembre, en la Iglesia Metodista Unida "La Nueva Esperanza" de Grand Rapids. El mensaje es claro: la resistencia es más fuerte cuando se organiza, y la historia ha reconocido la labor del inmigrante como esencial. La lucha no es solo por la permanencia en el país, sino por la dignidad y los derechos de millones que han hecho de Estados Unidos su hogar.

La administración de Trump promete medidas similares a las de su primer mandato, pero con un enfoque aún más radical y una voluntad política reforzada por la experiencia. Ante este escenario, la comunidad inmigrante y sus aliados se preparan para un largo camino de resistencia y desafíos legales. Con la posibilidad de cambios significativos en la política migratoria, la preparación y la organización serán claves para enfrentar lo que muchos consideran una nueva era de incertidumbre.

El próximo año se perfila como un campo de batalla crucial en materia migratoria, donde millones de vidas estarán en juego. Sin embargo, frente a las sombras de incertidumbre, se alza una comunidad más preparada, más consciente, y más decidida que nunca a luchar por su derecho a permanecer. La esperanza se ha convertido en un grito de resistencia, y esta vez, la fuerza de quienes defienden sus sueños y su dignidad será más fuerte que cualquier amenaza.

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